El comité de empresa de FCC parques y jardines ha informado que la
pasada huelga fue desconvocada el pasado 23 de mayo de 2014 y la empresa no
procedió a cursar el alta de la plantilla que secundó la huelga hasta el 26 de
mayo de 2014. Por ello se ha interpuesto una demanda
ante la inspección de trabajo para que inste a la empresa a cotizar y abonar
los salarios de los días 24 y 25 de mayo de 2014 de cada uno de los
trabajadores que secundaron la pasada huelga.
El comitéha notificado esta demanda al servicio de parques y jardines y al
observatorio de la contratación para que inicien las acciones pertinentes para
subsanar y corregir la actitud de la empresa FCC en parques y jardines, ya que
tal y como consta en el pliego de condiciones, en su apartado de penalidades,
se considera falta muy grave el incumplimiento de las obligaciones laborales y
de seguridad social.
APOYO A LOS TRABAJADORES DE FCC PARQUES Y JARDINES
La Sección
Sindical de CCOO de FCC (Saneamiento Urbano de Zaragoza) queremos mostrar
nuestra solidaridad con l@s trabajador@s de jardinería y personas que apoyaron
las reivindicaciones de los trabajadores y de las cuales han recibido sanciones
administrativas.
Expresamos
nuestra repulsa ante las notificaciones y las sanciones recibidas l@s trabajador@s por desórdenes públicos en
la concentración en la pasada huelga, en defensa de sus derechos y de su
convenio colectivo.
Entendemos que
es un nuevo ataque a los derechos democráticos y a la libertad de expresión y
de reunión, en la que dichos trabajadores están defendiendo, los derechos de
todos
Desde la Sección
Sindical de CCOO de FCC, estaremos presente en todas las movilizaciones y actos
que tengáis pensado realizar.
Finalmente,
exigimos la retirada inmediata de dichas notificaciones,esperando que esta situación tenga una
pronta solución por el bien de tod@s.
En las alegaciones se solicita el archivo de las sanciones,
dado que los hechos relatados no son de modo alguno ciertos. Alegan no generar
desórdenes públicos ni que se insultara a ninguna personalidad ni a los agentes
actuantes. Los acusados inciden en que fueron identificados en calles aledañas
a la calle D. Jaime cuando acudían a una concentración ciudadana de marcado
carácter reivindicativo. Describen que no tienen constancia de que ocurriesen
desórdenes públicos ya que la concentración se desarrolló en todo momento
pacíficamente en el lugar marcado por los propios efectivos policiales, una
acera de la calle D. Jaime sin que se interrumpiese el tráfico rodado.
“Critican a la administración por pretender sancionar la
participación en un acto reivindicativo, que no sería más que el ejercicio de
su derecho a la libertad de reunión del artículo 21 de la constitución
española, con la de causar desórdenes en la vía pública, que de ningún modo se
ocasionaron”
Los afectados, jardineros de FCC y personas que apoyaron las
reivindicaciones de los trabajadores, acuerdan mantener una reunión a
principios del mes de septiembre para tomar las medidas que consideren
oportunas ante lo que califican de “atentado contra los derechos de libertad de
manifestación y reunión”.
Acuerdan también, para el mes de septiembre, ponerse en
contacto con personas y colectivos afectados por hechos similares, así como con
diferentes organizaciones y colectivos de derechos civiles y sociales de
Zaragoza, para analizar conjuntamente la campaña de criminalización iniciada
por el delegado del gobierno.
Varias personas han comenzado a recopilar datos fotográficos
y documentales, así como testigos presenciales que prueben la falsedad de las
acusaciones vertidas por la delegación del gobierno. “Fotos de la prensa, vecinos
de las calles cercanas a los hechos, fotografías de diferentes personas que se pudieran
realizar ese mismo día, en sí documentos que presentarán como prueba en su
momento” “documentos y testimonios que puedan probar que en ningún momento hubo
desórdenes públicos y que las identificaciones fueron en otros lugares antes de
comenzar la concentración”
Los afectados entienden, por tanto, que estas sanciones solo
pueden considerarse como una forma de intentar coartar y reprimir las
reivindicaciones sociales y laborales de la clase trabajadora, un nuevo ataque
al libre ejercicio de la libertad de expresión y reunión. Un acto más de la
campaña de criminalización contra la protesta social y laboral que el partido
popular viene realizando en esta ciudad por medio de su delegado del gobierno
