“COMIENZAN LAS ALEGACIONES CONTRA LAS MULTAS POR EL ESCRACHE A GIMENO”
By cgt jardineria aragon
En las alegaciones se solicita el archivo de las sanciones,
dado que los hechos relatados no son de modo alguno ciertos. Alegan no generar
desórdenes públicos ni que se insultara a ninguna personalidad ni a los agentes
actuantes. Los acusados inciden en que fueron identificados en calles aledañas
a la calle D. Jaime cuando acudían a una concentración ciudadana de marcado
carácter reivindicativo. Describen que no tienen constancia de que ocurriesen
desórdenes públicos ya que la concentración se desarrolló en todo momento
pacíficamente en el lugar marcado por los propios efectivos policiales, una
acera de la calle D. Jaime sin que se interrumpiese el tráfico rodado.
“Critican a la administración por pretender sancionar la
participación en un acto reivindicativo, que no sería más que el ejercicio de
su derecho a la libertad de reunión del artículo 21 de la constitución
española, con la de causar desórdenes en la vía pública, que de ningún modo se
ocasionaron”
Los afectados, jardineros de FCC y personas que apoyaron las
reivindicaciones de los trabajadores, acuerdan mantener una reunión a
principios del mes de septiembre para tomar las medidas que consideren
oportunas ante lo que califican de “atentado contra los derechos de libertad de
manifestación y reunión”.
Acuerdan también, para el mes de septiembre, ponerse en
contacto con personas y colectivos afectados por hechos similares, así como con
diferentes organizaciones y colectivos de derechos civiles y sociales de
Zaragoza, para analizar conjuntamente la campaña de criminalización iniciada
por el delegado del gobierno.
Varias personas han comenzado a recopilar datos fotográficos
y documentales, así como testigos presenciales que prueben la falsedad de las
acusaciones vertidas por la delegación del gobierno. “Fotos de la prensa, vecinos
de las calles cercanas a los hechos, fotografías de diferentes personas que se pudieran
realizar ese mismo día, en sí documentos que presentarán como prueba en su
momento” “documentos y testimonios que puedan probar que en ningún momento hubo
desórdenes públicos y que las identificaciones fueron en otros lugares antes de
comenzar la concentración”
Los afectados entienden, por tanto, que estas sanciones solo
pueden considerarse como una forma de intentar coartar y reprimir las
reivindicaciones sociales y laborales de la clase trabajadora, un nuevo ataque
al libre ejercicio de la libertad de expresión y reunión. Un acto más de la
campaña de criminalización contra la protesta social y laboral que el partido
popular viene realizando en esta ciudad por medio de su delegado del gobierno
