Comunicado de prensa comité de empresa FCC parques y jardines:

Las y Los jardineros de FCC continúan con las movilizaciones contra los expedientes y  sanciones indiscriminadas que el delegado del gobierno ha abierto por el  escarche realizado al Vicealcalde Fernando Gimeno el pasado 1º de mayo durante la huelga en FCC parques y jardines.  Más de 30 personas han sido expedientadas y les están empezando a llegar las sanciones por las que la delegación del gobierno solicita más de 10.000 euros de multa, y ante las cuales se interpondrán los recursos de alzada pertinentes.
Este próximo jueves 6 de Noviembre, las y los jardineros se concentrarán a partir de las 19.30 horas frente la sede del PP en Gran Vía para protestar por los procesos abiertos contra los trabajadores y trabajadoras. La plantilla, siguiendo con el calendario de movilizaciones, denuncia “las políticas de criminalización de las protestas que está llevando a cabo el partido popular por medio de su representante en Aragón, el delegado del gobierno Gustavo Alcalde, al que exigirán el cierre de todos los expedientes sancionadores abiertos y el máximo respeto al derecho de reunión y a la libertad de expresión”
Hasta la fecha, más de treinta personas identificadas han sido acusadas de “desordenes públicos” y a las que la delegación del gobierno solicita “más de 10.000 euros de multa”. Los afectados aseveran que en ningún momento se produjeron tales desórdenes, “los manifestantes protagonizamos un acto pacífico de protesta en el que ejercimos nuestro derecho a la libertad de expresión.
Denunciamos que “la delegación del gobierno ha actuado de oficio falseando la realidad y vuelve a protagonizar así una nueva vulneración del derecho a la libertad de expresión”.
Como ya ocurrió hace unos meses con las protestas de STOP DESAHUCIOS o de Antonio Aramayona, la respuesta del delegado del gobierno, Gustavo Alcalde, es una vez más la represión.
Los jardineros expresan su máxima repulsa contra la actuación del delegado del gobierno y advierten que “la políticas de criminalización no callarán sus reivindicaciones”. Los afectados finalizan “exigiendo la dimisión del delegado del gobierno, la liquidación de los procesos abiertos a cuantos ejerzan su derecho a la protesta y el máximo respeto al derecho de reunión y a la libertad de expresión”.

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