Los trabajadores de FCC Parques y Jardines se volverán a concentrar mañana, jueves 11 de diciembre a las 19.30 horas, frente a la sede del PP en Gran vía para exigir la inmediata retirada, por parte del delegado del gobierno, de los expedientes incoados y la sanciones interpuestas durante el escrache al Vicealcalde F. Gimeno el 1 de mayo. La plantilla asevera que “fue un acto totalmente espontáneo, pacífico y de marcado carácter reivindicativo,  uno de los más de cien actos realizados durante la pasada huelga indefinida que duró treinta días”
             “El señor Gustavo Alcalde hizo gala, adelantándose a la tramitación de la denostada “Ley Mordaza”, de su poco carácter democrático intentando criminalizar las legítimas protestas de la plantilla de FCC parques y jardines” asevera el comité de empresa para continuar incidiendo que “Mientras el partido popular concede el tercer grado a delincuentes que fueron miembros de su partido en contra de la opinión de la fiscalía, o mandan mensajes de ánimo y tranquilidad a tesoreros corruptos, no dudan en sancionar injustamente a los ciudadanos que luchan por defender sus derechos y una sociedad más justa y equitativa”
            Los afectados son más de treinta personas, jardineros y personas que mostraron su solidaridad con la lucha del colectivo de trabajadores, a los que la delegación del gobierno solicita una multa de 10.000 euros por desórdenes públicos, insultos contra la autoridad, alteración del orden público...
            El delegado del gobiernos sigue desestimando las alegaciones interpuestas ante las propuestas de resolución y han comenzado a llegar sanciones de 302 € por persona  bajo unas acusaciones totalmente falsas e injustas. El comité informa que “acusan de participar en los mismos hechos a personas que fueron identificadas arbitrariamente antes incluso de llegar al lugar de la concentración”
La plantilla valorará próximamente llevar los hechos al tribunal de lo contencioso administrativo o la decisión de ejercer desobediencia civil ante lo que consideran “un atentando contra la libertad de expresión y reunión” y advierten que “las políticas de criminalización no callarán sus reivindicaciones”. Finalizan el comunicado “exigiendo la dimisión de Gustavo Alcalde”