Los casos laborales llegados a los juzgados de lo social y de lo mercantil en el primer trimestre de 2012 indican que tras mes y medio de aplicación de la reforma laboral -que entró en vigor el 12 de febrero- la litigiosidad se ha disparado. Esto contradice las previsiones del Gobierno y del propio Poder Judicial, que ha previsto una caída de casi un 1% en la actividad de la jurisdicción social este año.
Cuando se conoció el contenido de la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy, una de las primeras advertencias de muchos abogados y magistrados del sector fue que la nueva normativa supondría un aumento del número de casos que llegarían los juzgados de lo social. Y, transcurridos ya seis meses con el nuevo marco legal, la inmensa mayoría de los implicados siguen de acuerdo en llamar la atención sobre este efecto negativo de la reforma.
Sin embargo, los responsables gubernamentales negaron rotundamente esta consecuencia desde un principio. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, argumentó en varias ocasiones que uno de los principales cambios de la reforma consistía en clarificar las causas en los despidos objetivos para facilitar su procedencia y evitar así "su excesiva judicialización".
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