CGT JARDINERIA ARAGON
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Las secciones sindicales de UGT, CCOO y Sindicato Asambleario Solidaridad Aragón en FCC limpieza pública de Zaragoza, integradas en la plataforma de las contratas municipales, han manifestado su malestar por el comportamiento de la empresa ante la decisión tomada sobre el convenio colectivo.
En una nota explican: “En el año 2012 en plena negociación del convenio colectivo las secciones sindicales de USO y CSIF en FCC limpieza viaria se desmarcan del resto y firman con la empresa un convenio extraestatutario o pacto de eficacia limitada”.
“La empresa para intentar que firmemos dicho pacto nos envía al Convenio General del Sector a diecisiete personas que somos los miembros de dichas secciones sindicales que no hemos firmado dicho pacto”, añaden.

 

Incluir cláusulas sociales en los contratos que realizan las administraciones es perfectamente legal. Así lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha dictado una sentencia que permite la inclusión de este tipo de cláusula en la contratación pública. El Superior da así la razón a la Diputación de Gipuzkoa frente a la Autoridad Vasca de la Competencia, que recurrió la norma foral que regula la incorporación de estas cláusulas en los contratos de obras del sector público de Gipuzkoa. Según la Autoridad Vasca de la Competencia, este tipo de cláusulas van contra "la legislación laboral introducida por la reforma laboral, el derecho comunitario y la libre competencia por implicar sobrecostes a las empresas".
La sentencia del Superior destaca que la Diputación de Gipuzkoa "está facultada para establecer unas obligaciones contractuales a sus licitadores, sin que ello suponga legislar contra 'legem'". Sobre el argumento de la libre competencia, el tribunal subraya que "exigir el cumplimiento de la legalidad laboral en ningún caso puede ser interpretado como una barrera discriminatoria".

 

El profesor emérito en la Universidad de Zaragoza, Pedro Arrojo, especialista en agua. Su voz y sus análisis siempre resuenan en cualquier foro local o internacional que aborde el tema del agua. Enlace habitual entre la sociedad civil y las instituciones, Pedro Arrojo aplica una óptica económica para analizar la situación del vital líquido en sus múltiples dimensiones. Los cálculos de este profesor emérito en la Universidad de Zaragoza, que en 2003 se convirtió en el primer español en recibir el Premio Goldman de Medioambiente en la categoría de Europa, ayudaron a demostrar la inviabilidad del trasvase del Ebro. Ahora destapa con argumentos las actuales consecuencias y opacidades de la privatización de los suministros urbanos.

2015 es año electoral y el debate sobre el agua, pública o privada, está ya en la agenda de los partidos políticos. ¿Este hecho va a suponer un antes y un después para la situación del agua y el saneamiento?

Probablemente, sí. No tanto por el hecho electoral sino porque coincide con un momento de mayor conciencia social, de mayor cabreo, con un nivel de conciencia sobre lo que significan los actuales modelos de privatización.

eldiario.es



 

Había en juego un macrocontrato de 542,9 millones de euros. Corría noviembre de 2012 y el Ayuntamiento de Madrid sacó a licitación la gestión del servicio público para la “Contenerización, recogida y transporte de residuos en la zona periférica de la ciudad de Madrid y otras prestaciones específicas en la zona central”. Las tres grandes del sector, FCC (hasta la fecha adjudicataria de ese servicio), Urbaser (ACS) y Cespa (Ferrovial) comenzaron a trabajar conjuntamente para repartirse el cotarro.
El consejero delegado de FCC, Juan Béjar, el presidente de ACS, Florentino Pérez, y de Ferrovial, Rafael del Pino. Así lo hicieron constar en un contrato, sellado el 20 de noviembre de ese año, denominado “Acuerdo de participación conjunta”, en el que FCC manifiesta su intención de presentar una oferta a la licitación mencionada y se compromete, en el caso de ser adjudicataria, “a conceder y otorgar a Urbaser y Cespa en la cuenta de participación un porcentaje máximo del 20% a cada una de ellas, pudiéndose incrementar hasta el 40% en el caso de que alguna de ellas decidiera no participar”, según se desprende de la información recogida por la CNMC en los folios 4598 a 4613 de la investigación realizada durante dos años.

 

El concejal de IU y presidente del Observatorio de las Contratas del Ayuntamiento de Zaragoza, Raúl Ariza, ha advertido hoy a las empresas que prestan servicios para el consistorio que "en ningún caso" sería justificable la bajada salarial de los trabajadores porque el IPC es negativo.
El concejal señala que el Ayuntamiento, según la Ley de Contratos del Sector Público, podría encargar una revisión de los contratos con grandes empresas para ajustarlos al IPC negativo, aunque siempre han sido las empresas las que han pedido la actualización hasta hoy, según ha indicado IU en un comunicado.
A este respecto, ha añadido que no se hace porque la prioridad es mantener la calidad del servicio y en el empleo indirecto que genera el Ayuntamiento.
El grupo municipal de IU ha adelantado que preguntará en la Comisión de Economía y Hacienda si se ha planteado la revisión de precios en alguna de las contratas que tienen el IPC como referencia.

 

El pleno del Ayuntamiento de Huesca ha acordado hoy no rescindir el contrato de limpieza urbana suscrito con FCC, pero vigilará el cumplimiento de las cláusulas establecidas en el pliego y valorará la posibilidad de llegar a la rescisión si se acumulan incumplimientos graves.
Así lo ha acordado el Consistorio oscense en una sesión plenaria, de carácter extraordinaria, solicitada por los grupos del PSOE y CHA para analizar el conflicto laboral surgido entre la empresa y los trabajadores, y los incumplimientos en el servicio.
Los grupos de gobierno del PP y PAR han rechazado la propuesta presentada por los grupos del PSOE y CHA de rescisión del contrato con FCC y de subrogación de los trabajadores de la empresa por parte del consistorio al considerarla ilegal.
El pleno ha aprobado la propuesta presentada por los grupos de gobierno de apoyo a los trabajadores en sus negociaciones con la empresa, así como de mantener una actitud vigilante respecto al cumplimiento de las condiciones del servicio y de no descartar la rescisión del contrato de valorarlo así los servicio jurídicos del consistorio.

 

Quizá no sea el principal cártel de los 28 acreditados por las autoridades de competencia desde principios de los años 90 pero seguro que es uno de los más llamativos por la importancia de las empresas afectadas. La CNMC ha hecho pública una resolución que va a trastocar los cimientos de uno de los negocios básicos de las grandes constructoras como es la gestión de residuos y el saneamiento urbano. El llamado “cártel de la basura” que integra entre sus principales socios a los grupos empresariales de ACS (vercotización), FCC (ver cotización), Sacyr (ver cotización) y Ferrovial (vercotización) ha sido desmontado después de una investigación de dos años que ahora se salda con una multa conjunta de 98,2 millones de euros.
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), José María Marín. (EFE)
Las sanciones afectan a un total de 39 empresas que han estado operando de manera secreta en contra de los más elementales principios de la ley de Defensa de la Competencia. El G-30, como también es conocido en el argot de la CNMC, actuaba como un entramado de pactos colusorios, repartiéndose los contratos de sus clientes, principalmente los grandes ayuntamientos de diversas capitales de provincia en todo el territorio nacional. Las pruebas de la investigación evidencian una pauta de funcionamiento elemental y descarada que implicaba incluso la adopción de medidas correctoras para aquellas compañías novatas que se incorporaban a este tipo de contratación pública.

 

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