Quizá no sea el principal cártel de los 28 acreditados por las autoridades de competencia desde principios de los años 90 pero seguro que es uno de los más llamativos por la importancia de las empresas afectadas. La CNMC ha hecho pública una resolución que va a trastocar los cimientos de uno de los negocios básicos de las grandes constructoras como es la gestión de residuos y el saneamiento urbano. El llamado “cártel de la basura” que integra entre sus principales socios a los grupos empresariales de ACS (vercotización), FCC (ver cotización), Sacyr (ver cotización) y Ferrovial (vercotización) ha sido desmontado después de una investigación de dos años que ahora se salda con una multa conjunta de 98,2 millones de euros.
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), José María Marín. (EFE)
Las sanciones afectan a un total de 39 empresas que han estado operando de manera secreta en contra de los más elementales principios de la ley de Defensa de la Competencia. El G-30, como también es conocido en el argot de la CNMC, actuaba como un entramado de pactos colusorios, repartiéndose los contratos de sus clientes, principalmente los grandes ayuntamientos de diversas capitales de provincia en todo el territorio nacional. Las pruebas de la investigación evidencian una pauta de funcionamiento elemental y descarada que implicaba incluso la adopción de medidas correctoras para aquellas compañías novatas que se incorporaban a este tipo de contratación pública.