Incluir cláusulas sociales en los contratos que realizan las administraciones es perfectamente legal. Así lo ha resuelto el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que ha dictado una sentencia que permite la inclusión de este tipo de cláusula en la contratación pública. El Superior da así la razón a la Diputación de Gipuzkoa frente a la Autoridad Vasca de la Competencia, que recurrió la norma foral que regula la incorporación de estas cláusulas en los contratos de obras del sector público de Gipuzkoa. Según la Autoridad Vasca de la Competencia, este tipo de cláusulas van contra "la legislación laboral introducida por la reforma laboral, el derecho comunitario y la libre competencia por implicar sobrecostes a las empresas".
La sentencia del Superior destaca que la Diputación de Gipuzkoa "está facultada para establecer unas obligaciones contractuales a sus licitadores, sin que ello suponga legislar contra 'legem'". Sobre el argumento de la libre competencia, el tribunal subraya que "exigir el cumplimiento de la legalidad laboral en ningún caso puede ser interpretado como una barrera discriminatoria".
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