El conflicto de autobús se ha trasladado, más que nunca, a la casa consistorial. PP y CHA exigieron que se investigue si Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ) está cumpliendo los pliegos acordados por el consistorio. Y lo hicieron, precisamente, el mismo día en el que el alcalde en funciones, Roberto Fernández, encargó un informe detallado sobre el servicio de autobús que se está prestando tras ejecutar el despido de 153 personas.
Ante las denuncias realizadas por los trabajadores y despedidos sobre las irregularidades de la contrata, Fernández dio orden ayer al ingeniero de tráfico del Servicio de Movilidad Urbana de realizar un informe para conocer el funcionamiento del servicio de autobús y valorar si existen irregularidades relacionadas con el funcionamiento de las líneas y sus frecuencias, así como si ha habido algún tipo de contratación en pleno Expediente de Regulación de Empleo (ERE). El próximo lunes se realizará la inspección ordinaria de la contrata que ya estaba prevista antes del conflicto.
Por su parte, Autobuses Urbanos de Zaragoza aseguró que la información vertida desde los trabajadores sobre la oferta de contratos temporales no es cierta. Señaló que "la empresa cumple con la legalidad vigente y no se ha conculcado ningún derecho laboral". Añadió que, en caso de haberse llamado a jubilados para acumular la jornada, se ha hecho siguiendo el convenio firmado por parte de varios sindicatos.
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