Crece el número de Comunidades Autónomas que deciden proteger la salud de su población y su medio ambiente frente a los disruptores endocrinos, ante la inacción de Europa y del Gobierno central. 
En esta ocasión, han sido las Cortes de Aragón las que aprobaron ayer una propuesta para reducir la exposición de su población a los contaminantes hormonales (EDCs), con la que instan a su Gobierno a presentar, en el plazo de un año, un plan para eliminar estos contaminantes de sus actividades.
Se trata de una gran noticia para la población aragonesa. Con esta decisión, la Cortes de Aragón siguen el criterio de la Organización Mundial de la Salud y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que consideran a los contaminantes hormonales o disruptores endocrinos como un riesgo global, por alterar el sistema hormonal y causar graves daños a la salud humana y al medio ambiente (ver daños de los contaminantes hormonales).
Fuera el glifosato