Planta potabilizadora de Sant Feliu de Llobregat.
La sentencia que anula la actual concesión del suministro del agua en 23 municipios catalanes, ahora en manos de una empresa mixta controlada por Agbar, ha reabierto el debate sobre la conveniencia de que un servicio básico esté en manos públicas o privadas. Janet Sanz, la vicepresidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), señaló ayer que tras el fallo “es necesario que desde la administración también se dé una respuesta y se plantee un modelo de gestión pública del agua, que es la propuesta que más beneficiaría a la ciudadanía”. Agbar tiene intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, lo que no hará el AMB, gobernada por Barcelona en Comú, el PSC y ERC. Los socialistas impulsaron la sociedad mixta ahora impugnada.
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