Las administraciones pueden rescindir los contratos a las empresas que impongan recortes de las condiciones laborales. Foto: Cortes de Aragón
Un dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragónavala que las administraciones puedan rescindir los contratos públicos a las empresas que impongan a sus empleados recortes de las condiciones laborales.
Las Cortes de Aragón aprobaron a finales de octubre, por unanimidad y a propuesta de Izquierda Unida (IU), una proposición no de ley que instaba al Ejecutivo autonómico a incluir de manera urgente en las licitaciones, si el criterio de ese órgano era favorable, cláusulas sociales en los ámbitos laboral, ambiental y de la inserción. Uno de esos requisitos, cuyo incumplimiento debía conllevar la pérdida de la contrata, consistía en obligar a las empresas adjudicatarias “a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo, salvo acuerdo explícito entre la empresa y la representación de los trabajadores”.
El informe de la Junta Consultiva dice que es posible incluir ese tipo de cláusulas “de contenido social, laboral y medioambiental” y añade que no vulneran ninguna norma española ni comunitaria “siempre que no sean discriminatorias y se respete el principio de publicidad”.
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