La delegada del Gobierno en Madrid considera que la actual ley es "muy permisiva" y que se de "racionalizar el uso del espacio público".
Esta sección sindical se opone frontalmente a este recorte de los derechos fundamentales y libertades públicas (art 21.2 CE). Está claro que la rígida Constitución Española solo es amovible cuando su modificación sirve para recortar derechos a los ciudadanos, como la última reforma fabricada con nocturnidad para establecer un límite de gasto en las arcas públicas.
"El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas", ha esgrimido la delegada. No obstante, ha señalado que el derecho a manifestarse es constitucional "y no se necesita autorización previa", por lo que ha apostado por compatibilizarlo con el derecho que tiene el resto de la población "de poder estar en una ciudad que sea habitable". "Significa poder circular con tranquilidad, que no haya incidentes, disturbios, que no haya problemas de orden público", ha agregado.
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