CGT JARDINERIA ARAGON
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La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Xirivella ha ordenado a la empresa que gestiona el mantenimiento de los espacios ajardinados del municipio que no utilice glifosato en los trabajos de control de la maleza. Una decisión que se ha tornado después de la advertencia que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS) por los peligros que su uso puede comportar.
En concreto, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), que depende de la OMS, informó en el mes de abril pasado que este herbicida “probablemente es cancerígeno para humanos” y lo ha incluído en los productos de riesgo 2A (probablemente cancerígeno).
parcs i jardins“En España su uso está muy extendido, a pesar de que hay una normativa bastante estricta al respecto. El problema es que no hay mecanismos de control y evaluación de sus efectos en el medio ambiente y en la saludE, según explica el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Boro Montroy, quien añade: “detrás hay intereses económicos porque la marca que tiene la patente en todo el mundo, Monsanto, tiene un volumen de ventas equiparables al de Coca-Cola”.
En 2012 se aprobó un reglamento en España, a partir de una directiva europea de 2009, que restringe este fito sanitario en zona de acuíferos y recomienda ir reduciendo su uso progresivo. Por ejemplo, no lo permite en campos deportivos, jardines públicos, recintos escolares y cerca de centros médicos. Además, obliga a restringir el acceso a la zona fumigada durante unas horas. No obstante, su uso es muy común y también lo era, hasta ahora, en Xirivella.
La decisión del Ayuntamiento de Xirivella responde a una reivindicación de la agrupación ecologista local La Xiri para evitar usar productos que dañen el medio ambiente y pongan en peligro la salud.

 

Jorge Suárez, alcalde de Ferrol, en su despacho
Una vez superada la crisis de salud pública que durante tres días dejó sin agua potable a 150 mil personas en la comarca de Ferrolterra, es tiempo de buscar responsabilidades y de analizar las consecuencias que la crisis puede tener para la propia gestión del servicio, tanto para las relaciones entre Emafesa y el Ayuntamiento, como para el proyecto de remunicipalización propuesto por el Gobierno local. El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, nos recibe en su despacho para dar cuenta de las últimas novedades, responder a algunas de las críticas lanzadas desde la Xunta y el PP y denunciar, al mismo tiempo, la actuación del Gobierno gallego.
eldiario.es

 

El consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha comparecido este lunes en la primera Comisión de Pleno del Área, a petición propia, para explicar las líneas fundamentales de la acción de Gobierno en esta legislatura.
En lo que respecta al Área de Personal, Cubero ha manifestado que “entendemos que el empleo público no solamente no debe recortarse, sino que debiera ser una apuesta firme para lograr una mayor cohesión social”. En este sentido, y “dentro de los márgenes que las leyes del Gobierno español y la Unión Europea lo permitan”, se ha comprometido a promover la defensa y la oferta de empleo público.
Cubero marca la defensa del empleo público en los objetivos del Área de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de ZaragozaPara ello Cubero propone mejorar las condiciones laborales del personal municipal, combatiendo la precariedad laboral presente en la Administración y garantizando el cumplimiento del Pacto-Convenio firmado con la representación sindical; establecer una oferta de empleo público de calidad, coherente con las necesidades de los servicios públicos municipales, y negociada con la representación sindical; e impulsar la transparencia, la participación y los procesos que garanticen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la configuración de los empleos municipales. En ese apartado, ha citado la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo, así como el favorecimiento de la movilidad horizontal y vertical de los empleados públicos.

 


Ante las últimas declaraciones de algunos sindicatos como CCOO y UGT que ven inviable la idea de Carmena de "remunicipalizar la limpieza de Madrid", el sindicato CGT aboga por recuperar la gestión directa de los servicios públicos y que se deje de hacer negocio con los mismos, como ha informado en un comunicado.
Huelga de limpieza barrendero limpiando calles El sindicato ha comunicado que "una gestión municipal honrada, eficaz y eficiente sería garante del empleo actual y la creación de nuevos puestos de trabajo, una ciudad más limpia y unos ahorros ecónomicos cifrados en decenas de millones de euros para revertirlos en ámbitos como medio ambiente, sanidad o educación".

Estas reacciones surgen después que la delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, haya asegurado esta semana que el Gobierno local no descarta implantar un modelo de "gestión directa" del servicio de recogida de basura de Madrid ante el "fracaso" del existente. Una posible «remunicipalización» que, según Sabanés, ya funciona de «forma aceptable» en otras ciudades.

 

Vallado que corta el paso dentro del Parque Bruil, lugar al que afectará el proyecto de remodelación, debido a una obra. - Foto: JAIME GALINDOEl proyecto de renovación del Parque Bruil pretende financiarse a través de los fondos de ayuda europeos del Programa Life. La ausencia de consenso entre el ayuntamiento y los colectivos vecinales ha retrasado la obra durante meses. Tal es así, que, ahora que existe un acuerdo entre las partes, la reforma debe llevarse a cabo antes de que finalice noviembre o el dinero comunitario se perderá. El respeto por la dinámica natural del terreno ha sido determinante en el acuerdo.
Sin embargo, según el ecologista Mariano Mérida, la decisión final todavía "no se ha comunicado a las asociaciones que participaron en el acuerdo". Es por eso que confía en que el ayuntamiento haya respetado las cuestiones que se plantearon, ya que tomó en sus manos las propuestas y se comprometió a llevar a cabo todo el procedimiento técnico necesario.
Desde el consistorio se aclaró que se han respetado las exigencias vecinales que impidieron que el anterior proyecto saliera adelante. Fundamentalmente se apuntó a un desencadenante: la proposición inicial no convenció por ser muy urbana y tener poco en cuenta el paisaje. Así lo confirmó Mérida: "Lo que propusimos fue que no consistiera en una remodelación típica de jardinería, sino que se contara con la dinámica natural del terreno".

 


 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulo el ERE que la unión temporal de empresas (UTE) Raga-Netlux declaró en Madrid Río y que afectaba a más del 50% de la plantilla, un total de 127 trabajadores inicialmente, de los que 37 aceptaron cambiar su contrato indefinido a fijo discontinuo para mantener su puesto de trabajo.
“Lo han declarado nulo por inexistencia de causas que sostuvieran el ERE”, explica Silvia Yáñez, abogada del despacho Red Jurídica que representa al sindicato CNT en el caso de Madrid Río junto a Juan Rubiño. “Ellos alegaban causas económicas, organizativas y productivas, y la sala ha considerado que no existen”, continúa. La sentencia del tribunal, que parte de una denuncia interpuesta por CNT, CGT, FELM, UGT Y CC OO, afirma que "no existe situación económica negativa para el ejercicio 2014 en el marco de las empresas que conforman la UTE Parques Singulares [gestora de Madrid Río], sino todo lo contrario". También señala que la empresa vulneró el derecho de huelga de los trabajadores, al llevar a Madrid Río a empleados de otros parques para que realizaran la limpieza durante las jornadas de huelga.
La UTE Raga-Netlux se hizo con el control del parque en noviembre de 2014 por 111,8 millones de euros, lo que suponía una rebaja del 27% del precio de licitación. Un mes después, la empresa anunció un expediente de regulación de empleo que afectaba a la mitad de la plantilla.
El 15 de diciembre de 2014, los trabajadores de Madrid Río comenzaron una huelga indefinida que tuvo un 95% de seguimiento por parte de la plantilla, según los sindicatos promotores. Durante el periodo de negociaciones, la empresa envió cartas a los trabajadores afectados por el ERE proponiéndoles mantener sus puesto de trabajo a cambio de una degradación de sus condiciones laborales. “En la sentencia, la juez señala que, mientras se negociaba, la empresa afirmó en una carta a los trabajadores una propuesta para mantener sus puestos de trabajo, por lo que se estaba contradiciendo”, apunta Yañez. Por su parte, José Luis Corrales, de CNT, señala que “esa carta fue ilegal, ya que la enviaron mientras estaba la mesa de negociación. Se saltaron el procedimiento de negociación”. Un total de 34 trabajadores de Madrid Río aceptaron cambiar su contrato indefinido por un contrato fijo-discontínuo. “Hemos presentado una demanda para que se devuelva las condiciones laborales previas a estos 34 trabajadores, pero es otro procedimiento ya que estos despidos quedaron fuera del ERE. Está en los juzgados de lo social”, explica Corrales.

 

El juez José de la Mata ha ordenado que se investiguen las comisiones pagadas por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a Jordi Pujol Ferrusola en Londres.
Jordi Pujol Ferrusola, en la Comisión del Parlament.El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha solicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que rastreen el pago de 710.000 euros realizado por la constructora española a la sociedad instrumental inglesa Brantridge, gestionada por Herbert Rainford, el testaferro de la familia Pujol, entre los años 2006 y 2009.
Tal y como desveló EL MUNDO, FCC realizó en total 25 transferencias a la sociedad Brantridge Holdings Limited, gestionada por el «fiduciario» de origen hindú. Una entidad en la que, destaca el juez De la Mata, «según el Registro Mercantil de Londres figuraría el propio Jordi Pujol Ferrusola como administrador de la misma». Agrega el magistrado que «se trata de una sociedad con domicilio social en la calle 128 de Mount Street de Londres, número de identificación 5439553»; que se encuentra vinculada, a su vez, con «Brantridge Establishments, número de registro FL00021403743, y domicilio social en Landstrasse 99 de Schaan, con sede en Liechtenstein»; y que realmente es «propiedad» del hijo mayor del ex presidente catalán.

 

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