FotoEl Ayuntamiento de Madrid (PP) ha abierto una investigación sobre un posible caso de espionaje y connivencia entre personal municipal y una de las empresas adjudicatarias del contrato de limpieza viaria de la capital.Correos electrónicos a los que ha tenido acceso EL PAÍS —aportados por un denunciante que prefiere el anonimato para evitar represalias— parecen indicar que un responsable municipal avisaba de la visita de los inspectores del Ayuntamiento con horas de antelación a la empresa encargada de limpiar las calles de una zona de la ciudad.De esta forma, sus operarios podían esmerarse y evitar las penalizaciones que el Ayuntamiento aplica como sistema de control a las concesionarias que no cumplen con los estándares mínimos de calidad. Esas multas, que en realidad son detracciones del pago por el servicio, superan en ocasiones el millón de euros al mes.El gobierno municipal, que preside Ana Botella (PP), licitó en abril de 2013 un contrato de limpieza viaria para unificar los 39 entonces vigentes en uno solo que se ocupara de barrer las calles, eliminar pintadas y conservar mobiliario urbano, zonas verdes, arbolado, áreas infantiles, etcétera. Debía entrar en vigor el 1 de agosto por un periodo de ocho años, dividido en seis lotes (correspondientes a sendas zonas de la ciudad) y con un importe total de 2.317 millones de euros.