El
pasado 1º de mayo, durante la última huelga de los trabajadores de
FCC parques y jardines, un grupo de personas fue identificado de modo
indiscriminado por parte de la Policía Nacional a su paso por la
calle Don Jaime. La tensión creciente ante una huelga que acabaría
por extenderse durante treinta días, así como el temor a posibles
concentraciones frente al domicilio del número dos del consistorio
zaragozano y último responsable del conflicto, Fernando Gimeno,
llevaron a una actuación policial desmedida.
Hasta la fecha, más de una veintena
de las personas identificadas ha sido acusada de “desórdenes
públicos” por parte de la Delegación de Gobierno. Sin embargo, en
ningún momento se produjeron tales desórdenes, los manifestantes
protagonizaron un acto pacífico de protesta en el que ejercieron su
derecho a la libertad de expresión. Ni siquiera se cortó el
tráfico. Es más, el mismo Fernando Gimeno expresaba públicamente
al día siguiente del acto que el asunto carecía de importancia.
La
Delegación de Gobierno vuelve a protagonizar así la vulneración
del derecho a la libertad de expresión. De nuevo, los responsables
directos e indirectos de la crisis económica y los que se benefician
de ella, de la precarización laboral, de los recortes sociales o de
las privatizaciones de los servicios públicos buscan acallar las
protestas mediante su criminalización. Como ya ocurrió hace unos
meses con las protestas de STOP-Desahucios o de Antonio Aramayona, la
respuesta del delegado de Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, es
una vez más la represión.
Por
ello, exigimos la dimisión del delegado de Gobierno y la liquidación
de los procesos abiertos a cuantos ejerzan su derecho a la protesta.
¡NO
A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA OBRERA!
¡NO
A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA!
¡GUSTAVO
ALCALDE, DIMISIÓN!
