La crisis y las estrecheces de la Administración, los cambios legislativos que se han producido y la viabilidad de unos servicios que mantienen con su esfuerzo unas economías familiares muy debilitadas. Todo influye a la hora de decidir si en los servicios es mejor hacer lo mismo por menos dinero o más por lo mismo. El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido confiar a las dificultades y la enorme competencia de las empresas para hacerse con los servicios públicos para sacar tajada y reducir costes. El problema es que la realidad le ha demostrado que ahorrar en ellos provoca conflictos laborales. A un personal que durante años ha conquistado derechos que les sitúan muy por encima de los convenios del sector y que ahora ven en peligro por las trampas de unas empresas que hacen lo que sea por mantener el negocio y sus beneficios a costa de devaluar su trabajo. Porque si no, es inviable lo que ellas mismas prometen.
Así que el escenario que llevan viviendo de forma más palpable Zaragoza en los últimos años, con protestas en la calle y huelgas en el servicio cada vez más agresivas, conduce a un debate en el que nadie parece tener clara la opinión del ciudadano: ¿es preferible ahorrar o mantener las cosas como estaban? Para responder a esto, el usuario, quien se beneficia del servicio y realmente sufre las huelgas, debe saber que el ahorro no lo notarán en sus bolsillos nunca. Porque el ayuntamiento, de forma implícita, está reconociendo en algunos casos que durante años lo ha infradotado en el presupuesto --a costa de endeudarse con las empresas a las que ya no les puede apretar igual-- o porque los impuestos y tasas se congelan.
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