De este modo, el área de Servicios Públicos, tal y como informó ayer la teniente de alcalde del área, Carmen Dueso, controla aleatoriamente el cumplimiento de las frecuencias de las distintas líneas de autobús, dado que el sistema por el que los servicios municipales pueden verificar en tiempo real si las frecuencias son las correctas todavía no se controla desde el consistorio. Un incumplimiento que es penalizado como si no se respetase ninguna frecuencia.

Este es el llamado subsistema de ayuda a la explotación (SAE), que con la nueva concesionaria se ha renovado y, como indicó Dueso, "está en proceso de migración a los servicios municipales". Este retraso en su instalación --era obligación de AUZSA tenerlo ya listo--, y dado que con él se controlan todos los datos de actividad de los autobuses urbanos, provoca que el consistorio tenga que hacer exámenes aleatorios para determinar si las frecuencias se cumplen.
Y, como se han detectado incumplimientos --y no hay forma de verificar hasta dónde alcanzan--, el consistorio aplica la máxima penalización prevista en los pliegos. Es decir, alrededor 100.000 euros mensuales que se expedirán en el primer pago que emitirá el consistorio tras analizar el cumplimiento de las prescripciones técnicas de la contrata --había un plazo para que la empresa se adaptase--. Esta cuantía se detraerán de las certificaciones. "Se aplica la sanción más elevada porque la obligación de la empresa es que el SAE estuviera implantado ya", indicó Dueso, en la comisión del área y en respuesta al edil de IU, Raúl Ariza, que se hizo eco de las denuncias del comité de empresa por "problemas en los cuadros de marchas".
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